A la cabeza del Estado desde marzo de 2022 y elegido con la esperanza de reorientar su país en una línea progresista, el joven presidente Gabriel Boric (38 años), incapaz de hacer frente al bloque conservador ni de unir a la izquierda en torno a su gobierno, parece haber reorientado sus políticas.
Luis Reygada: A mitad de su mandato, ¿qué ha logrado el hombre que prometió “reabrir las grandes alamedas” del presidente socialista Salvador Allende?
Franck Gaudichaud: Gabriel Boric llegó al poder encarnando la esperanza de un giro posneoliberal, en un contexto muy especial, ya que se produjo tras el estallido social de 2019. Venía impulsado por reivindicaciones muy fuertes, sobre todo sociales, y a la cabeza de una coalición que incluía a partidos más a la izquierda que él (como el Partido Comunista chileno) y fundamentalmente críticos con los veinte años de gobierno de la Concertación post-dictadura (entre 1990 y 2010), marcados por los compromisos e incluso la gestión neoliberal del poder por parte de los gobiernos de centroizquierda durante este periodo.
Así pues, Boric llegó con promesas de reformas de gran calado en un país en el que el sector privado es el pilar de la sociedad, con un dominio absoluto de amplios sectores en gran medida liberalizados (educación, sanidad, pensiones, etc.). En términos generales, la esperanza de Boric era un “nuevo Chile” en el que el sector público lograra recuperar cierto control sobre las fuerzas del mercado. En todos estos aspectos, los resultados son extremadamente decepcionantes.
L. R.: ¿Por falta de mayoría en el Congreso?
F. G.: Sí, claramente, pero no sólo eso. El Gobierno no se encuentra en una posición de fuerza dentro de las instituciones, por lo que tiene que negociar todo el tiempo y ha acabado gobernando desde el extremo centro, incluso reintegrando en el poder a figuras clave del Partido Socialista. El presidente no ha sabido aprovechar el periodo de “luna de miel” de los seis primeros meses de su mandato: lo apostó todo a la aprobación del primer proyecto de Constitución para consolidar una dinámica política progresista. Su rechazo (por un 62 % en septiembre de 2022– nota del editor) fue un jarro de agua fría. Esta derrota perjudicó a toda la izquierda y a los movimientos sociales, en dificultades tras un ciclo electoral largo y bastante caótico que desembocó en un segundo proceso constitucional dominado por la extrema derecha. Al final, este segundo proyecto de constitución también fue rechazado, por más del 55 % de los votantes. El gobierno parecía neutralizado, incapaz de recuperar la iniciativa política.
Es más, la falta de capacidad del gobierno para movilizar a su base social y a los movimientos sociales significa que no puede contar con un apoyo amplio y estructurado que le permita hacer frente a las fuerzas de la oposición. Menos aún desafiar a la oligarquía chilena, que puede contar con los partidos más conservadores y tradicionales para representar sus intereses.
L. R.: No obstante, se han hecho algunos progresos, y las encuestas dan al presidente un índice de aprobación de entre el 26 % y el 30 %
F. G.: Absolutamente, que es más que el de sus predecesores. Después de dos años, todavía puede contar con una base de apoyo y es innegable que tiene un cierto anclaje dentro de las clases medias progresistas. Pero ha perdido mucho terreno entre las clases trabajadoras.
Se han dado algunos avances en temas sociales (se ha reducido la semana laboral a cuarenta horas, pero con nuevas fórmulas de trabajo flexible, se han subido los salarios mínimos, se ha facilitado el acceso gratuito a la sanidad primaria, etc.), pero las grandes reformas estructurales (sobre todo la fiscal y la de las pensiones) no se han llevado a cabo y el marco hegemónica sigue siendo totalmente capitalista neoliberal y dominado por la misma oligarquía. La decepción es enorme y está fortaleciendo a la extrema derecha.
L. R.: ¿A este ascenso ha contribuido también un clima de seguridad desfavorable, con un aumento de la delincuencia?
F. G.: Es cierto que, en poco menos de seis años, Chile ha visto duplicarse su tasa de criminalidad más violenta, con un claro aumento de la actividad de los grupos vinculados a los cárteles de la droga (como el cártel venezolano conocido como El tren de Aragua). Esta violencia, a veces tristemente espectacular, afecta sobre todo a las clases medias y trabajadoras. No obstante, las cifras han mostrado una ligera mejoría en los últimos meses, pero se trata de un problema complejo, agravado por la capacidad de los medios de comunicación comerciales para imponer en el debate público los temas relacionados con la seguridad y la delincuencia, desde un ángulo desfavorable para la izquierda.
Ahora bien, la respuesta de Boric al problema de la violencia de los cárteles también ha decepcionado a mucha de la gente que le apoyaba. La reforma del cuerpo de carabineros, responsable de graves violaciones de los derechos humanos, sobre todo en 2019, nunca se llevó a cabo. Gabriel Boric se había negado siempre a militarizar la cuestión del orden público, pero ahora, en el marco de la lucha contra la delincuencia, pero también en el marco del conflicto con el pueblo mapuche en el sur del país, lo ha hecho. Aquí hay un verdadero problema de política pública, de desigualdades sociales, de acceso a trabajos dignos, etc., en un tema que es mucho más fácil de manejar para la extrema derecha, que obviamente aboga por una militarización a ultranza basada en una retórica xenófoba y racista.
L. R.: ¿Estamos lejos de un presidente de izquierda radical, como le gusta calificar a la derecha?
F. G.: El presidente Boric siempre ha mostrado una voluntad de diálogo, e incluso de intentar crear una cierta “unidad nacional”, como lo vimos durante la conmemoración del quincuagésimo aniversario del golpe de Estado de 1973. Es una estrategia que da pocos frutos cuando hay que enfrentarse a una derecha que no lo desea, que sigue reivindicando -al menos en parte- el legado de la dictadura, que se opone sistemáticamente a cualquier compromiso y que, por el contrario, busca constantemente histerizar cualquier debate político, por ejemplo, señalando con el dedo al ala izquierda del gobierno en un país donde el anticomunismo primario sigue muy presente. La reciente muerte accidental del ex presidente conservador Sebastián Piñera, uno de los responsables de la represión de la revuelta de 2019, y la forma en que, a pesar de todo, Boric ha enaltecido su figura republicana también ha sorprendido o incluso escandalizado a parte de su base militante.
De hecho, el presidente Boric ha realizado una serie de gestos simbólicos que han mostrado un giro en su posición ideológica hacia el centro, hasta el punto de reivindicar recientemente el legado del presidente democristiano Patricio Aylwin (1990-1994), una figura importante en el periodo de transición de los años noventa.
Eso cuando el jóven militante Boric construyó su carrera política en oposición a este período histórico de la transición donde le élite política terminó avalando mucho de los legados autoritarios de la dictadura. Hoy, podemos decir que su mandato se inscribe, sobre todo, en la continuidad del período de transición y de sus consensos (neoliberales). Cincuenta años después del golpe de Estado, si hay que hacer una comparación, su administración se parece mucho más a la de Michelle Bachelet y de parte de los gobiernos de La Concertación (1990-2010) que al gobierno profundamente transformador de la Unidad Popular en los años setenta.